La impopular reforma de las pensiones del presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este jueves el primer visto bueno del Parlamento, aunque continúa la incertidumbre sobre si obtendrá en la tarde los votos cruciales de los diputados tras semanas de protestas masivas.
El Senado lanzó esta jornada clave para el resto del mandato de Macron, que corre hasta 2027, con la adopción de la reforma gracias a los votos del oficialismo y de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR), que controla la cámara alta.
El gobierno quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.
Macron, cuya popularidad ha caído en picada en el último mes, considera fundamental la reforma para equilibrar el déficit del sistema de pensiones, que, según cálculos del Gobierno, se agranda cada año por la disminución de personas en edad de trabajar y el aumento de pensionistas, atribuido, en parte, al envejecimiento de la población.
No obstante, dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.
Pero más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.
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Macron considera fundamental la reforma para equilibrar el déficit del sistema de pensiones en Francia.
Aunque el rechazo mayoritario al proyecto permanece intacto desde su anuncio en enero, la movilización parece perder fuerza.
Unas 480.000 personas manifestaron este miércoles en Francia, según la policía (1,7 millones, según el sindicato CGT). Esta cifra está lejos de los 1,28 millones de personas que, según la policía, manifestaron el 7 de marzo (3,5 millones, según la CGT), en la mayor protesta contra una reforma social en las tres últimas décadas.
Las huelgas prorrogables en sectores clave como la energía y el transporte, lanzadas la semana pasada por los sindicatos, también se desinflaron y el principal punto de tensión con el gobierno son las 7.600 toneladas de basura acumuladas en París.
La aprobación del Senado
El proyecto de reforma de las pensiones ya fue aprobado este jueves por el Senado francés (cámara alta) por un margen cómodo gracias a la amplia mayoría en la cámara de legisladores liberales y conservadores. El controvertido proyecto recibió 193 votos a favor y 114 en contra, con 38 abstenciones.
El texto legislativo será debatido esta tarde en la Asamblea Nacional (cámara baja), a partir de las 14.00 GMT, donde la mayoría no está del todo clara.
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El controvertido proyecto recibió 193 votos a favor y 114 en contra en el Senado de Francia.
La sesión de las dos cámaras sucede un día después de la octava jornada de movilizaciones contra la reforma, que atrajo menos manifestantes que en la mayor parte del resto de protestas celebradas este primer trimestre.
Los escenarios en la Asamblea Nacional
En el caso de votación final en la Asamblea, el Gobierno francés cuenta, en teoría, con la base de los diputados del partido de Macron, sus socios centristas y con el respaldo puntual -y fundamental- de los conservadores, Los Republicanos (LR), con los que los macronistas ya consensuaron el miércoles un texto final en una comisión mixta.
Se opondrán al proyecto los partidos de izquierda -encabezados por la Francia Insumisa (LFI)- y la ultraderecha de Marine Le Pen, además de algunos diputados del LR, lo que puede dejar incierto el resultado dependiendo de cuántos serán los disidentes.
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Las miradas están puestas en un puñado de diputados oficialistas que podrían abstenerse y en «una veintena» de legisladores de LR que, según el senador derechista Bruno Retailleau, votarían en contra.
Por eso, el presidente francés no cuenta con todos los puntos a su favor y se reunió en la noche del miércoles en el Elíseo con su primera ministra, Élisabeth Borne, y con los ministros relacionados con la reforma.
A primera hora de la jornada, además, Macron invitó a desayunar a los líderes de los grupos parlamentarios que componen la mayoría presidencial, según informó la radio pública France Info, junto a la propia Borne y la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, ante una votación que, a falta de horas, continúa incierta.
El futuro de la reforma se juega hoy en la Asamblea Nacional (Cámara Baja) de Francia.
El jefe de Estado quiere evitar a toda costa sobresaltos de última hora, garantizando una mayoría en las dos cámaras que permita sacar adelante el plan.
En caso de que no pudiese aprobar la reforma en el Parlamento, el Ejecutivo podría recurrir al polémico artículo de la Constitución francesa 49.3. Este le permitiría la adopción de la reforma sin el voto de los diputados, que sólo podrían frenarla si aprueban una moción de censura contra el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne.
Otra opción extrema, que plantean los analistas políticos, es la posibilidad de una disolución parlamentaria.
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Someter la reforma al voto de los diputados y perderlo «obstaculizaría gravemente» el «resto de su mandato», pero recurrir al artículo 49.3 «reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social», advirtió el diario liberal L’Opinion.
Ante esta disyuntiva, la diputada oficialista Aurore Bergé abogó en la cadena CNews por «ir al voto» y consideró que la disolución evocada la víspera por Macron en caso de revés, según los participantes a una reunión, permitiría obtener una «aclaración».
Pero convocar nuevas elecciones legislativas, menos de un año después de las últimas, sería una apuesta arriesgada, máxime cuando el partido ultraderechista de Marine Le Pen, opuesto a la reforma, aparece reforzado, según los observadores.
Pese a las semanas de protestas, el gobierno se mantuvo firme en su plan de reforma.
El tiempo para la aprobación de la reforma termina el 26 de marzo. Si el gobierno registra este jueves un revés en el Parlamento, siempre podría renegociar la
reforma para lograr una mayoría y conseguir su aprobación, aunque esto pasaría factura a su capital político.
Si al contrario, consigue la aprobación a la primera sin tener que recurrir al 49.3, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría la promulgación del texto y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.
Sindicatos prometen continuar la movilización
Lo cierto es que aunque haya una aprobación, los representantes de los trabajadores ya alertaron que seguirán movilizados. Los líderes de los sindicatos franceses acudieron este jueves a la Asamblea Nacional a escasas dos horas de la votación definitiva para pedir a los diputados que «voten contra este proyecto brutal e injusto».
Philippe Martínez, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT, segunda central del país) se salió del discurso consensuado y avanzó que quiere que continúe la protesta en la calle aunque el Parlamento dé la luz verde final al proyecto de ley de reforma.
«La movilización continuará», aseguró en declaraciones a los medios Martínez, precisando que esa es la posición de la CGT, y no necesariamente del conjunto de los sindicatos, que se reunirán esta tarde y tal vez de nuevo mañana para decidir qué harán a partir de ahora.
Manifestaciones a las afueras de la Asamblea Nacional, en París, antes de la votación de la reforma del sistema de pensiones.
A su parecer, «tiene que haber una generalización de las huelgas».
A su lado, el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, primera central de Francia), Laurent Beger, no quiso adelantar cuál será la estrategia conjunta, aunque dio por hecho que «decidiremos juntos lo que haremos» y, en cualquier caso, afirmó que la votación de esta tarde en la Asamblea Nacional «no hará que el movimiento social se calle».
En su comunicado conjunto, leído por François Hommeril, secretario general de la CFE-CGC, los ocho sindicatos firmantes afirman que «el 70 % de la población» y «el 85 % de los trabajadores» se oponen a la reforma.
También avisan que si los diputados la aprueban en esas condiciones, «está en juego la confianza que los ciudadanos pueden tener en las instituciones de la República».
ANGIE RUIZ
REDACCIÓN INTERNACIONAL
*Con Efe y AFP
